En Ecuador el 70% de los abusos sexuales infantiles se producen en el propio entorno familiar. Este porcentaje da cuenta de la falta de políticas públicas que existen en el país para proteger y cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La ‘Operación Querubín’ ha causado indignación en Ecuador por los lamentables hechos de abuso sexual infantil perpetrados en un seno familiar del cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Durante el operativo las autoridades rescataron a siete menores que eran abusados sexualmente y otras cinco personas que convivían con sus supuestos abusadores. Para Nalda Bustamante, ex secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, estos hechos dan cuenta de la realidad que vive el país, pero que no es visibilizada. La operación inició a raíz de una denuncia puesta por una de las víctimas que fue violada durante años por su propio padre.
Según un informe presentado por organizaciones lideradas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un promedio de 40 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada semana en Ecuador. Estas cifras ponen en alerta a la población, pero sobre todo exhortan a denunciar estos hechos, pues en la actualidad solo el 15% de las víctimas denuncian a sus agresores. Sin embargo, de ese 15% de denuncias, apenas el 5% de los agresores sexuales reciben una sanción. Hecho que genera total desconfianza en el sistema judicial del país.
De igual manera, al no existir en el país una política pública de protección que garantice los recursos para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes y para prevenir la violencia en contra de las mujeres, existe cierta indefensión, enfatiza Bustamante.
La vulneración del derecho a la protección contra la violencia está relacionada con la ausencia de entidades nacionales responsables de la protección de la niñez y adolescencia, por ello es vital que el Gobierno destine los recursos suficientes para reducir las brechas que impiden que la niñez ejerza sus derechos.
